El Estado Español, en su lucha contra todo lo que cuestione la plutocracia que se instauró tras la muerte de Franco, ataca a los grupos más reivindicativos que luchan por una verdadera democracia; una democracia en la que sean las necesidades de las personas y no las necesidades de los mercados las que ocupen las prioridades de la agenda política. No importa que actualmente sean pequeños grupos de protesta, pues aunque todavía no focalizan el descontento social mayoritario podrían hacerlo en un futuro próximo. Es una forma de impedir la lucha de clases por la que a cada pequeña visualización de ésta se le ataca sin contemplaciones y duramente. Se trata de la aplicación de la “tolerancia cero” a la organización popular de cualquier tipo. Nos encontramos en una situación en que los cuerpos policiales del Estado, denunciados año tras año en los informes de Amnistía Internacional como torturadores, campan a sus anchas con el beneplácito jueces y políticos al servicio del gran capital. Hoy en día, en todo el territorio estatal, hay varias causas abiertas contra militantes anticapitalistas por el simple hecho de organizarse para defender los derechos de la mayoría de los ciudadanos contra los intereses de una minoría parásita y explotadora.
Hace unos meses se les aplicó la Ley Antiterrorista a cinco militantes del PCPE en Asturias, falsamente imputados de quemar un cajero (hecho que no cometieron y que, aunque lo hubieran consumado, está tipificado en el Código Penal como falta, ni siquiera como delito); hace unos días (29 de noviembre) se detuvo a un joven militante de Izquierda Anticapitalista en Granada, según la acusación, por haber agredido a un policía en la acción de protesta del movimiento 15-M (acción en la que nadie resultó herido, en la que ningún miembro del movimiento rompió con los principios pacíficos de éste, y en la que la policía hundía sus puños en los estómagos de los “indignados” mientras los golpeaba en las piernas con sus botas de seguridad).En este último caso el testimonio de la policía sirve como prueba inculpatoria, a pesar de los numerosos testimonios de testigos que insisten en lo contrario; eso mismo, el testimonio de la policía (que en el Estado Español tiene categoría de prueba) inculpa a tres militantes comunistas en unos hechos por los que fueron juzgados el pasado 1 de diciembre, juicio que ha despertado una inusitada solidaridad fuera (varios europarlamentarios han exigido al gobierno español explicaciones) y dentro del Estado Español.
Hace ya casi un año varios jiennenses, de Jaleo y de CNT, fueron enjuiciados por participar en Granada en una acto contra del “Día de la Toma”, su sola presencia fue motivo para tal actuación… Podríamos seguir enumerando casos, incluso los hay más graves, pero no se trata de presentar una lista de represaliados por el Estado, sino de dar a conocer y explicar a la sociedad, que hoy día, en el Estado Español, se incumplen los más elementales derechos democráticos y que las fuerzas de seguridad del Estado actúan con total impunidad, al servicio de unas instituciones y una clase política serviles a la banca y el gran capital.
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